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Macrofunciones del estado (página 2)



Partes: 1, 2

Garantizar el
acceso a
bienes y servicios necesarios

Una Macrofunción del Estado también es
proporcionar bienes y servicios que el libre intercambio no puede
suministrar, por las mismas limitaciones del mercado interno,
pero que se requieren para que el país funcione
adecuadamente. Dichos bienes y servicios se podrían
encomendar a compañías privadas, pero en la
mayoría de casos, ya se ha visto, resulta
contraproducente, pues por ejemplo, si una empresa privada se
dedicara a la construcción de carreteras, para que
éstas generen ganancias, la empresa tendría que
cobrar un peaje, el mismo que de por sí ya
afectaría notablemente la competitividad del país,
pues significaría un "arancel", por explicarlo
rápidamente, para el sector comercial que tendría
que considerar este costo al establecer el precio de sus
productos. Además, ninguna empresa puede invertir la
cantidad de dinero necesaria para la construcción de una
carretera y conseguir ganancias en plazos de 30, 40 o 50
años; de modo que el monto a pagar por el peaje
sería alto; lo que elevaría significativamente el
precio de los productos. De modo que en realidad, no es un "buen
negocio" construir carreteras. De igual modo sucederá con
el servicio de agua potable, desagüe y alcantarillado. En
cambio, el Estado, que no tiene fines lucrativos, sí puede
invertir grandes cantidades de dinero sin preocuparse por generar
ganancias a corto, mediano o a largo plazo; por lo que puede
construir carreteras, o realizar el tendido de las redes de
alcantarillado; etc., sin que a los usuarios nos genere gasto;
aclarando que, por ejemplo, el pago de peaje que hacemos los
administrados es para el mantenimiento, necesario, de las
carreteras; de igual modo sucede con el agua potable, pues no
pagamos por el "agua" en sí, sino por el servicio que nos
brinda el Estado de "llevar" el agua hasta nuestros hogares; por
lo que su precio es bajo.

Hasta aquí parecería que sólo nos
referimos a la corrección de las Fallas de Mercado; pero
no es así. Esta Macrofunción del Estado
también implica que el Gobierno genere las condiciones
necesarias para que se aperturen nuevos espacios para aquellos
bienes y servicios que no se producen en el mercado interno ya
existente; permitiendo así, que productos de otros
países ingresen a nuestro territorio. En nuestro
país el ejemplo más claro lo encontramos en la
producción tecnológica, la misma que ni siquiera se
puede considerar que sea incipiente, sino que peor que eso,
simplemente no existe. Sin embargo, no cabe duda que necesitamos
de ella, por ende, el Estado Peruano suscribe Tratados con sus
pares de otros países para que nuestro mercado interno
pueda contar con la tecnología necesaria para el
desarrollo de nuestra actividad económica e incluso para
que el propio Estado peruano pueda desarrollar sus actividades.
Por ejemplo, el Estado peruano invierte gran parte del dinero
destinado a la construcción de infraestructura en la
compra de las maquinarias (tractores, retroexcavadoras,
cargadores frontales, GPS´s, etc.) necesarias para dicho
fin. De igual modo, la modernización del Estado, que
supone, sobre todo, la tecnificación del recurso humano,
también implica la adquisición de tecnología
(computadoras, escáneres, fotocopiadoras, etc.) que
aceleren o reduzcan significativamente el tiempo en que se
realizan los procedimientos administrativos; por lo que, en
nuestro caso, el Estado tiene que "conseguirlas" del
extranjero.

Como es de suponer, garantizar el acceso a bienes y
servicios necesarios requiere de una Política de Estado
definida. Al respecto debemos partir por hacer mención de
nuestro régimen económico, el mismo que
constitucionalmente, se rige por los principios de la
Economía Social de Mercado. "Éste es un
modelo que combina la competencia, sobre la base de la iniciativa
libre de los individuos, con la seguridad social y el progreso
social. Reúne las diversas fuerzas individuales y sociales
de un país para fomentar la estabilidad y
satisfacción en lo social y en lo económico. Para
ello, se desarrolla sobre cinco pilares: Fomento de la Iniciativa
privada, protección de la propiedad, defensa de la
Competencia, implementación de sistemas de responsabilidad
individual y reconocimiento de libertades
económicas"
[24]

Consecuentemente, el Gobierno Peruano tiene como
Política de Estado, instituida en el Acuerdo Nacional, la
Afirmación de la Economía Social de
Mercado[25]y para ello han establecido, entre
otros objetivos, que el Estado estimule la inversión
privada, nacional y extranjera; procure una simplificación
administrativa eficaz y continua que elimine las barreras de
acceso y salida al mercado; que provea la infraestructura
adecuada; promueva una mayor competencia en los mercados de
bienes y servicios, financieros y de capitales; y que promueva el
valor agregado de bienes y servicios e incremente las
exportaciones, especialmente las no tradicionales.

Como ya sabemos, estos convenios internacionales se
constituyen como mecanismos legales que permiten el intercambio
de bienes y servicios entre dos o más sujetos de derecho
internacional, por lo general, Estados. De este modo, se
establecen facilidades, sobre todo arancelarias, para que los
productos nacionales, de uno y otro Estado suscriptor del
tratado, sean exportados al mercado interno de estos
mismos.

En el caso del Perú, el Estado ha suscrito, al
día de hoy, 32 acuerdos internacionales en materia de
Inversiones, incluyendo 3 Tratados de Libre Comercio (USA,
Canadá y Singapur) que incluyen capítulos de
inversiones; y 29 Convenios Bilaterales de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones con
países de la Cuenca del Pacífico, Europa y
América Latina. Quedando pendiente la ratificación
del acuerdo bilateral de promoción y protección
recíproca de inversiones suscrito con
Japón[26]

  • 2. TLC con Estados
    Unidos[27]

Definitivamente es el Tratado más cuestionado y
mediático que nuestro país haya suscrito, de tal
modo que desarrollaremos algunos aspectos de éste a modo
de ejemplificar este tipo de convenios.

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC)
Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el
12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero
2009. En este acuerdo se negociaron los siguientes
capítulos: Trato Nacional y Acceso a Mercados, Textiles y
Vestido, Reglas de Origen, Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio,
Defensa Comercial, Contratación Pública,
Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios,
Servicios financieros, Políticas de Competencia,
Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de
Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia,
Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solución de
Controversias.

Los principales productos exportados a los EE.UU. son:
minerales/metales, textiles, productos pesqueros, petróleo
crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa,
uva, mango, mandarina, espárragos.

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de
exportación de productos Peruanos. Desde el año
1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA
– siglas en inglés) el Perú contaba con
preferencias arancelarias unilaterales otorgadas por los EE.UU.
para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo
vigente hasta el 2001. Desde el 2002, mediante la Ley de
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la
Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. otorgan
nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas
periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta diciembre
del 2010.

En este contexto, en el año 2004, previos
estudios y coordinaciones de los sectores involucrados, se decide
iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, para
proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual,
brindaría la estabilidad indispensable para el incremento
de inversiones en el sector exportador.

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y
los EE.UU. ha empezado ya a permitirnos potenciar el desarrollo
económico del Perú a través del comercio,
con expectativas de comercio nunca antes experimentadas, teniendo
de forma consolidada un acceso perenne a mercados muy
grandes.

CAPITULO V

Las Instituciones
Públicas

De todo lo expuesto se puede deducir con suma facilidad
que el cumplimiento de las Macrofunciones del Estado involucra la
participación activa, directa en unos casos e indirecta en
otros, de todas las instituciones estatales de un Estado, y por
supuesto, también se requiere de la participación
de la sociedad civil, principalmente, organizada.

En este sentido, el Acuerdo Nacional estableció
al respecto algunas Políticas de Estado que deben marcar
el horizonte de las instituciones públicas tanto del
Gobierno Nacional, como de los Gobiernos Regionales y de los
Gobiernos Locales. A continuación comentaremos brevemente
cada uno de ellos.

Para propiciar el desarrollo integral, armónico y
sostenido del Perú, se debe desarrollar una integral
descentralización política, económica y
administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y
recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y
locales con el fin de eliminar el centralismo. Construiremos un
sistema de autonomías políticas, económicas
y administrativas, basado en la aplicación del principio
de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de
gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de
fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento
de sus economías.

Con ese objetivo, el Estado, entre otras acciones,
apoyará el fortalecimiento administrativo y financiero de
los gobiernos regionales y locales; institucionalizará la
participación ciudadana en las decisiones
políticas, económicas y administrativas;
promoverá la eficiencia y transparencia en la
regulación y provisión de servicios
públicos, así como en el desarrollo de
infraestructura en todos los ámbitos territoriales;
establecerá una clara delimitación de funciones,
competencias y mecanismos de coordinación entre los tres
niveles de gobierno; incorporará los mecanismos necesarios
para mejorar la capacidad de gestión, la competencia y la
eficiencia de los entes públicos y privados, así
como la competitividad de las empresas y las cadenas productivas
en los niveles nacional, regional y local; fomentará el
acceso al capital en los niveles regional y local,
particularmente para la micro, pequeña y mediana
empresa.

  • B. AFIRMACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE,
    MODERNO Y TRANSPARENTE[29]

Las instituciones estatales deben desenvolverse al
servicio de las personas y de sus derechos, promoviendo el
desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios
públicos; atendiendo las demandas de la población y
asegurando su participación en la gestión de
políticas públicas y sociales, así como en
la regulación de los servicios públicos en los tres
niveles de gobierno.

Con este objetivo el Estado incrementará la
cobertura, calidad y celeridad de la atención de
trámites así como de la provisión y
prestación de los servicios públicos, para lo que
establecerá y evaluará periódicamente los
estándares básicos de los servicios que el Estado
garantiza a la población; dará acceso a la
información sobre planes, programas, proyectos,
presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos
públicos proyectados o ejecutados en cada región,
departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno;
pondrá en uso instrumentos de fiscalización
ciudadana que garanticen la transparencia y la rendición
de cuentas en todas las instancias de gobierno; reducirá
los costos de acceso a los bienes y servicios públicos;
revalorará y fortalecerá la carrera pública
promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que
demuestren alta competencia y solvencia moral; entre
otras.

  • C. PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA
    TRANSPARENCIA[30]

La ausencia de la ética y la transparencia en
todos los estratos sociales de nuestro país y en todos los
niveles de gobierno de nuestro Estado ha institucionalizado la
corrupción, y como manifestaciones de ésta, ha
proliferado el lavado de dinero, la evasión tributaria, el
narcotráfico y el contrabando, principalmente. En este
sentido se hace indispensable afirmar, en la sociedad y el
Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan
la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de
paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad.

Con este objetivo, el Estado, enfatizará los
principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano
de las normas; velará por el desempeño responsable
y transparente de la función pública, promoviendo
la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento
y la independencia del Sistema Nacional de Control;
desterrará la impunidad, el abuso de poder, la
corrupción y el atropello de los derechos, desarrollando
una cultura de paz, de valores democráticos y de
transparencia que acoja los reclamos genuinos y pacíficos
de los distintos sectores de la sociedad; entre otras
acciones.

CAPITULO VI

Conclusiones

  • 1. La materialización de las
    Macrofunciones del Estado involucran necesariamente la
    institucionalización de Políticas de Estado
    bien definidas.

  • 2. Las Macrofunciones del Estado se deben
    desarrollar transversalmente al interior de las instituciones
    públicas, en los tres niveles de gobierno, y con la
    colaboración activa de la sociedad civil
    organizada.

  • 3. Ningún Estado tiene la capacidad
    suficiente para satisfacer completamente las Macrofunciones
    que le son inherentes, por lo que la cooperación
    internacional se torna indispensable e ineludible.

  • 4. Todas las Políticas de Estado que se
    definen para la satisfacción de las Macrofunciones del
    Estado requieren de una serie de normas jurídicas que
    permitan su correcta implementación al interior de las
    instituciones públicas, que a su vez, también
    regularán la participación adecuada de la
    sociedad civil organizada.

  • 5. La Reforma del Estado debe estar dirigida a
    la modernización de todas sus instituciones, tanto del
    recurso humano como del recurso material, para que cada vez
    se atienda con mayor eficiencia y calidad las Macrofunciones
    del Estado.

CAPITULO VII

Aspectos
positivos y negativos

  • A. ASPECTOS POSITIVOS

  • 1. Conocer las Macrofunciones del Estado nos
    permite entender la forma en que debe actuar el Gobierno de
    un país y la forma en que los ciudadanos debemos
    colaborar con él.

  • 2. Las "31 Políticas de Estado del
    Acuerdo Nacional" es un documento que se configura con un
    gran avance en el camino de la reforma del Estado
    Peruano.

  • B. ASPECTOS NEGATIVOS

  • 1. El Estado todavía no encuentra la
    manera de atender oportunamente sus macrofunciones, lo que
    genera que la sociedad civil organizada, en general, proteste
    de formas cada vez más violentas.

  • 2. No obstante lo acotado en el numeral
    anterior, debemos reconocer que la sociedad civil organizada
    no está colaborando con el Gobierno en la
    satisfacción de las Macrofunciones del Estado, sino
    que por el contrario, en muchos casos se constituye como un
    primer obstáculo.

 

 

Autor:

Carlos Adrian Huaman Luis

[1] Sitio Buenas tareas

[2] Un Estado de Derecho es aquel que se rige
por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno de
una Constitución que organiza y fija límites al
gobierno y garantiza los derechos de las personas.

[3] Art. 44, primer párrafo,
Constitución Política del Perú.

[4]
http://www.acuerdonacional.pe/AN/definicion.html

[5] Cada política de Estado tiene
metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011, 2016
y 2021, que están trabajados en formatos denominados
Matrices.

[6] Fuente:
www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/

[7] Documento con el que el Estado Peruano,
formalmente y ante las Naciones Unidas, rechaza la
posición de Chile respecto del límite
marítimo que según este último se
constituiría en la coordenada 18º21´00”
del océano pacífico, pues al respecto,
Perú y Chile no han celebrado Tratado alguno que acabe
con el conflicto limítrofe.

[8]
http://www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/

[9] http://www.pnp.gob.pe/inicio.asp

[10] Política de Estado número
27 de las “31 Políticas de Estado del Acuerdo
Nacional”
(http://www.propuestaciudadana.org.pe/apc-aa/archivos-aa/068d5099c088d67686280321657b29ee/
31_Pol_ticas_de_estado.pdf)

[11]
http://www.rree.gob.pe/portal/Multi.nsf/

[12] Conforme a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Convención de Ginebra
relativa a la Esclavitud, Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), Convención
internacional para la supresión de la trata de mujeres y
niños, Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución
ajena; entre otros suscritos por el Perú.

[13]
http://www.mininter.gob.pe/userfiles/DS-MIN-004-2011%281%29.pdf;
pág. 13.

[14] IDEM, pág. 42.

[15] Traducido del alemán “Die
deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des
Rechtsstaates”

[16]
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho

[17] Dicha forma de gobierno resulta de la
incorporación de los principios de “Estado de
bienestar” y de “Democracia” en el Estado de
Derecho.

[18]
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/tag/Estado%20democratico%20de%20derecho.

[19] Vigésimo Octava Política
de Estado del Acuerdo Nacional.

[20]
http://www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/

[21] Trabajo de investigación titulado
“Definición de Terrorismo” que fuera
entregado a la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU en el
año 1988.

[22]
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo#Naciones_Unidas

[23] Trigésima Política de
Estado del Acuerdo Nacional.

[24] MÜLLER- ARMACK, Alfred.
“Economía Social de Mercado”,
Economía Social de Mercado: un proyecto económico
y político alternativo. Buenos Aires, Ciedla, 1983, p.
25.

[25] Decimo séptima Política de
Estado del Acuerdo Nacional.

[26]
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=100909

[27]
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index

[28] Octava Política de Estado del
Acuerdo Nacional.

[29] Vigésimo Cuarta Política
de Estado del Acuerdo Nacional.

[30] Vigésimo Sexta Política de
Estado del Acuerdo Nacional.

Partes: 1, 2
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